Bolivia se prepara para un nuevo capítulo en su historia económica. Después de meses de discusión y debate, el gobierno decidió levantar el subsidio a los carburantes y fijar nuevos precios para los hidrocarburos. La medida fue anunciada por el presidente Rodrigo Paz, quien describió el momento como "uno de los más difíciles desde el retorno a la democracia" y aseguró que el país heredó "la peor crisis económica, financiera, social y ambiental de nuestra historia".

En un discurso emocionado, el mandatario sostuvo que Bolivia estaba "enferma" y que era necesario actuar con firmeza para frenar el deterioro fiscal y garantizar el abastecimiento. Justificó el levantamiento del subsidio como una decisión inevitable para evitar la escasez y el descontrol fiscal.

El decreto declara la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, lo que habilita al Ejecutivo a actuar con mayor rapidez y coordinación. El nuevo esquema de precios se mantendrá fijo por seis meses, luego fluctuarán. Además, el gobierno anunció un paquete de medidas de protección social, incluyendo el incremento del salario mínimo nacional a Bs 3.300, un aumento del 20% que regirá desde enero de 2026.

La medida fue respaldada por el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, aunque advirtió que algunas medidas, en particular el incremento del salario mínimo, repiten esquemas que ya demostraron límites en el pasado.

Sin embargo, otros analistas consideran que la medida es impopular y socialmente sensible. El economista Fernando Romero cuestiona con dureza la forma y el momento en que fueron aplicadas, argumentando que el ajuste fue inevitable pero que su ejecución en plena época navideña terminó por volverlas impopulares.

La Central Obrera Boliviana (COB) expresó su rechazo a la medida y consideran que la decisión es un golpe directo al pueblo boliviano en época navideña. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) calificó la medida del Gobierno como un ajuste que ignora el impacto que tendrá en el costo de vida y la canasta familiar del pueblo boliviano.

Análisis:

La decisión del gobierno de levantar el subsidio a los carburantes y fijar nuevos precios para los hidrocarburos es una medida inevitable para frenar el deterioro fiscal y garantizar el abastecimiento. Sin embargo, su ejecución en plena época navideña puede tener un impacto negativo en la economía y en la sociedad boliviana.

La medida de protección social anunciada por el gobierno puede ayudar a mitigar el efecto del ajuste en los más pobres y vulnerables. Sin embargo, su eficacia depende de la capacidad del gobierno para implementarlas adecuadamente y garantizar que los recursos asignados sean efectivos.

La ausencia de un "colchón financiero" en divisas es una debilidad importante en el ajuste. Es necesario que el estado boliviano pueda importar combustibles y acceder a ellos con dólares para evitar la escasez y el descontrol fiscal.

En definitiva, la medida del gobierno de levantar el subsidio a los carburantes y fijar nuevos precios para los hidrocarburos es un paso importante hacia una economía más sostenible. Sin embargo, su ejecución debe ser cuidadosa y considerada para evitar un impacto negativo en la economía y en la sociedad boliviana.