Rockland County lawmakers push "Sanctuary" law amid growing national backlash against ICE policies.
La propuesta de ley, conocida como la "Acta de Protección de Inmigrantes" (Our Safety and Dignity for All Act), fue presentada por los miembros del partido Demócrata del condado. Según su defensora principal, Beth Davidson, esta ley busca proteger a todos los residentes del condado, incluyendo a aquellos que no tienen estatus migratorio legal, de la arbitrariedad de ICE.
Sin embargo, el concejal republicano Mike Lawler ha criticado duramente la propuesta, afirmando que es una estrategia política para ganar votos en las primarias. "No hay duda de que Beth Davidson está dispuesta a sacrificar la seguridad de los residentes del condado para obtener el apoyo de radicales de izquierda que cree que pueden ayudarla a ganar su primaria", dijo Lawler.
El ejecutivo del condado, Ed Day, un republicano, ha amenazado con vetar la ley si es aprobada. "No voy a permitir que Rockland se convierta en un condado santuario bajo mi vigilancia", declaró. Day también criticó a los demócratas por introducir la ley "en un arrebato político" después de no hacer nada al respecto durante años.
La cuestión es si la propuesta de ley va a pasar o no, ya que los demócratas tienen una mayoría superadora en el parlamento del condado y podrían overrides el veto del ejecutivo si votan unánimemente.
El debate sobre la cooperación con ICE se ha intensificado en Estados Unidos después de los disturbios en Minneapolis, donde agentes federales dispararon fatalmente a dos ciudadanos. La propuesta de ley de Rockland es parte de una oleada de medidas que buscan restringir la capacidad de ICE para actuar en el país.
En Nueva York, la ciudad de Nueva York tiene una ley de santuario que limita la cooperación con autoridades federales de inmigración. La gobernadora Kathy Hochul ha propuesto varias leyes para restringir las acciones de ICE, incluyendo la prohibición de redadas en lugares sensibles como escuelas y hospitales sin orden judicial.
Análisis de riesgo:
La implementación de esta ley podría generar un conflicto entre la seguridad pública y los derechos humanos. La cooperación con ICE es importante para prevenir delitos graves y proteger a los ciudadanos, pero también es fundamental respetar los derechos humanos de todos los residentes del condado, incluyendo a aquellos que no tienen estatus migratorio legal.
En última instancia, la ley puede generar un riesgo de inseguridad pública si no se implementa correctamente y sin una estrategia clara para manejar las consecuencias. Es importante que los líderes políticos del condado consideren cuidadosamente las implicaciones de esta ley y trabajen para encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos humanos.