**La Fuga de la Corrupción: La Laxitud en la Implementación de la Ley Migratoria**

En Bolivia, la lucha contra la corrupción y el nepotismo ha sido un tema recurrente en los últimos años. Sin embargo, una investigación reciente reveló que al menos 36 exfuncionarios y exlegisladores de la anterior gestión salieron del país sin cumplir con la disposición legal de permanecer durante tres meses después de dejar su cargo. Esta práctica sistemática fue posible debido a la laxitud en la implementación de la Ley N° 1352, que establece la obligación de permanencia en territorio nacional.

**La Ley y la Inacción**

A pesar de que la Ley N° 1352 estaba vigente desde el año 2020, la Dirección General de Migración (DGME) no había implementado controles efectivos para garantizar su cumplimiento. La ley establece que los exfuncionarios deben permanecer en el país durante tres meses después de dejar su cargo, pero la DGME no había emitido notificaciones formales ni dejado respaldo documental alguno.

**La Ignorancia del Estado**

La diputada Andrea Ballivián cuestionó la inacción del Estado, afirmando que Migración conocía la existencia de la Ley N° 1352 y contaba con los listados oficiales remitidos por la Contraloría General del Estado. La parlamentaria sostuvo que no se trató de un error ni de desconocimiento, ya que se permitió la salida del país limitando la actuación del Estado a simples advertencias verbales.

**La Crisis de Confianza**

La falta de transparencia y control en la implementación de la Ley N° 1352 ha generado una crisis de confianza en el Estado. La sociedad boliviana espera que los políticos y funcionarios públicos sean transparentes y respetuosos con las leyes, pero esta investigación revela que algunos exfuncionarios han aprovechado su posición para beneficiarse personalmente.

**Análisis de Riesgo**

El riesgo es que la laxitud en la implementación de la Ley N° 1352 pueda perpetuar la cultura de la corrupción y el nepotismo en Bolivia. Si no se toman medidas efectivas para controlar la salida del país de los exfuncionarios, esto puede generar una crisis de confianza en el Estado y afectar la estabilidad política del país.

En conclusión, la investigación revela que la Dirección General de Migración no había implementado controles efectivos para garantizar el cumplimiento de la Ley N° 1352. Esta inacción ha permitido que algunos exfuncionarios hayan salido del país sin cumplir con la disposición legal. Es necesario que se tomen medidas para controlar la salida del país de los exfuncionarios y garantizar la transparencia y el respeto a las leyes en Bolivia.