La Investigación sobre Corrupción en la Aduana Nacional

En Bolivia, el Gobierno ha denunciado a la expresidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo Miranda, por un caso de presunta corrupción relacionado con la compra de terrenos y construcción de oficinas en Tarija. La investigación penal ya fue formalizada y el Ministerio Público designó a un fiscal anticorrupción a cargo. La exfuncionaria del gobierno de Luis Arce está acusada de incumplir con sus deberes y cometer conductas antieconómicas.

Según el viceministro de Transparencia, Yamil García, se ha determinado un posible daño económico de más de 10 millones de bolivianos en el proyecto de adquisición del terreno y la ejecución de las oficinas de la Aduana en Tarija. La autoridad gubernamental explicó que se identificó un posible "direccionamiento" en el proceso de adquisición del terreno, lo que favoreció a un vendedor que ofreció un precio más alto que otro proponente. Un proponente ofreció el terreno a Bs 1.816.513, mientras que otro lo hizo a Bs 2.784.000.

García también cuestionó la utilidad del proyecto. Aunque se invirtieron más de 24 millones de bolivianos para resolver problemas de infraestructura, se continuó alquilando otros dos bienes inmuebles. Asimismo, existió errores en la planificación. La construcción de las oficinas de la Aduana costó Bs 22.618.549 y el precio aproximado por metro cuadrado de la construcción en la ciudad de Tarija era de 300 dólares con materiales razonables, mientras que en este caso se pagó 1.000 dólares por metro cuadrado.

Análisis de Riesgo:

El caso de corrupción en la Aduana Nacional plantea un riesgo significativo para la credibilidad del Gobierno y la institucionalidad. La denuncia contra Karina Serrudo Miranda es una medida importante para demostrar que el Estado no tolerará ni permitirá que la corrupción siga siendo un tema tabú en Bolivia. Sin embargo, también puede generar resistencia política y social si se considera que está involucrando a un miembro del gobierno anterior.

Además, el caso podría afectar negativamente la confianza en las instituciones públicas y la economía boliviana, lo que podría tener consecuencias importantes para el desarrollo país. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva y transparente para determinar los hechos y responsabilizar a aquellos involucrados.