La vida política y la justicia se entrelazan en un complicado tablero de ajedrez en el que la exdiputada Laura Rojas es el centro de atención. La medida judicial que la condena a 180 días de detención preventiva, imputada por tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa, ha generado expectación y debate en los círculos políticos y sociales.

La investigación "narcomaletas" que la involucra se centró en el traslado de 32 maletas en un vuelo charter desde Estados Unidos a Santa Cruz, que contenían 79 kilos de marihuana y una máquina procesadora de droga. La empresa de seguridad donde se hallaron los narcóticos era propiedad del juez Hebert Zeballos, quien también fue detenido y enviado a la cárcel de Palmasola.

La mañana en que Rojas fue aprehendida, su abogado Ernesto Giraldes indicó que una comisión de policías ejecutó la orden de traslado de la exdiputada desde la clínica privada donde estaba internada. La medida judicial que dictó su detención preventiva se llevó a cabo en una audiencia virtual, en la que participó de forma remota.

La defensa de Rojas apeló contra la determinación de detención preventiva, considerando que su clienta es inocente de los delitos que el Ministerio Público la acusa. Sin embargo, la justicia decidió mantenerla en prisión durante 180 días mientras se lleva a cabo la investigación.

La vida política de Rojas también ha sido afectada por la situación. Antes de ser trasladada a la cárcel, renunció a su candidatura como concejal por la organización política Primero Santa Cruz. Ahora, en el seno de las paredes de Palmasola, Rojas tendrá que esperar a que se resuelva su situación jurídica.

Análisis de riesgo:

La detención preventiva de Laura Rojas puede tener un impacto significativo en la política local y nacional. Como exdiputada, Rojas tenía una gran influencia en el ámbito político y social, y su ausencia puede generar un vacío que otros actores políticos pueden intentar llenar. Además, la investigación "narcomaletas" puede revelar más información sobre la corrupción y la tráfico de drogas en Santa Cruz, lo que podría afectar a los líderes políticos y sociales de la región. En este sentido, la situación de Rojas puede ser un indicador importante de la complejidad de la política y la justicia en Bolivia.