"El Gobierno de Bolivia investiga casos de corrupción en el Estado y aeropuertos, involucrando altos funcionarios y exdiputadas."
En un país donde la corrupción ha sido un problema estructural, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha hecho un llamado a la transparencia y la justicia al admitir que su gobierno ha estado investigando un caso de tráfico de sustancias controladas desde hace tiempo. El caso, conocido como "caso maletas", involucra a dos personas con detención preventiva en la cárcel de Palmasola.
La información se manejaba tiempo atrás, y el gobierno ha estado generando los pasos adecuados para entender la primera estructura del caso. Según Paz Pereira, la justicia tiene que demostrar con claridad sus procedimientos. "No nos interesa hacer escándalo; lo que nos interesa es desmontar la corrupción a todos los niveles que hay en el Estado", afirmó.
La investigación ha revelado que varios funcionarios estatales han sido involucrados en el caso, incluyendo a la exdiputada Laura Rojas, quien fue imputada y pidió su detención preventiva. La Fiscalía de Sustancias Controladas presentó la imputación contra Rojas y otros tres personas, quienes fueron aprehendidos mientras se encontraban declarando como testigos.
La investigación también ha revelado que algunos funcionarios del ramo judicial han sido usados como "palos blancos" para aparecer como dueños de inmuebles costosos. La Fiscalía General del Estado, Róger Mariaca, ha confirmado que se están realizando investigaciones en varias instancias y que varios funcionarios estatales han sido convocados a declarar.
La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, ha expresado su preocupación por la falta de idoneidad del Órgano Judicial y ha pedido que se apliquen todas las leyes en contra de los involucrados. "El 'caso maletas' mancha la idoneidad del Órgano Judicial", dijo.
Análisis de Riesgo:
La corrupción es un problema estructural en Bolivia, y el caso "maletas" es solo uno más de muchos escándalos que han salpicado al país. La falta de transparencia y la impunidad pueden llevar a una mayor corrosión de la confianza en las instituciones estatales y a una mayor polarización política.
La lucha contra la corrupción requiere un esfuerzo coordinado entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es importante que se establezcan mecanismos efectivos para detectar y sancionar la corrupción, así como para restablecer la confianza en las instituciones estatales.
Además, es fundamental que se promuevan políticas de transparencia y buen gobierno, como la publicación de información sobre los activos y pasivos de los funcionarios públicos, la creación de mecanismos de denuncia anónima y el fomento de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.