La mañana del miércoles 10 de diciembre, el expresidente Luis Alberto Arce Catacora (62) se convirtió en un prisionero político, después de ser aprehendido en un operativo sorpresa y pasar dos noches en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Ayer, en la tercera noche en la cárcel de San Pedro, Arce reconoció su encierro obligado, condenado a pasar al menos cinco meses detenido de forma preventiva.

El expresidente y exministro de Economía trató de mantener una apariencia serena y calma ante las cámaras que grabaron su transición de la libertad al encierro. Sin embargo, su futuro se ha convertido en incierto, mientras enfrenta acusaciones por supuesto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La denuncia principal contra Arce se refiere a la transferencia de más de Bs 100 millones del Fondo de Desarrollo Indígena a cuentas personales de dirigentes masistas y organizaciones sociales, durante su gestión como ministro de Economía y Finanzas Públicas bajo el gobierno de Evo Morales.

En una audiencia de medidas cautelares que duró seis horas, un juez ordenó la detención preventiva por cinco meses en San Pedro, argumentando que Arce puede influir sobre exfuncionarios, testigos y coimputados. El expresidente lo enfrenta prácticamente solo, sin el apoyo de sus exministros o dirigentes de organizaciones sociales.

Análisis: La detención del expresidente Luis Alberto Arce Catacora plantea preguntas sobre la justicia y la transparencia en Bolivia. ¿Es justo condenar a alguien por acusaciones que pueden ser políticamente motivadas? ¿Qué implicaciones tiene la detención preventiva para el futuro de Arce y para el país? La situación también cuestiona la capacidad del sistema judicial boliviano para investigar y juzgar casos de corrupción de alta alcaldía.