El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha emitido dos autos consecutivos que pondrán fin al debate sobre la cancelación de la personería jurídica del partido político Unidad Cívica Solidaridad (UCS). La Comisión de Admisión del TCP rechazó las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el jefe nacional de UCS, Max Jhonny Fernández Saucedo, y la diputada Sandra Paz contra la Ley de Organizaciones Políticas.

El objetivo de estas acciones era frenar la cancelación de la personería jurídica del partido, que se producirá si no alcanza el 3% de la votación en las elecciones generales. Sin embargo, la Comisión de Admisión consideró que estos argumentos carecen de sustento y que la actuación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es correcta.

El jefe nacional de UCS había interpuesto su acción de inconstitucionalidad luego de no alcanzar el umbral mínimo para conservar la personería jurídica. Sin embargo, el TCP concluyó que este argumento no cumple con los requisitos mínimos de argumentación y, en consecuencia, rechazó la acción.

El magistrado Boris Arias explicó que el rol del TCP es verificar si existe una carga real de inconstitucionalidad en la norma cuestionada. Arias criticó la falta de sustento en los argumentos presentados por UCS y puso como ejemplo la falta de claridad sobre qué umbral de votación considerarían adecuado.

La presidenta del TCP, Paola Prudencio, confirmó que ambas resoluciones fueron rechazadas y notificadas a las partes accionantes. Esta decisión dejará firme el criterio constitucional sobre la normativa electoral vigente.

Análisis de Riesgo:

El tema de la cancelación de partidos políticos es un tema delicado en cualquier democracia. El riesgo de que esta decisión pueda afectar negativamente a los ciudadanos y las organizaciones políticas es alto. Es importante que se garantice el respeto a la libertad de asociación y el derecho a participar en el proceso electoral. Sin embargo, también es fundamental que se cumplan las normas electorales para mantener la confianza en el sistema democrático. La cancelación de partidos políticos puede ser un instrumento para garantizar la igualdad y la transparencia en el proceso electoral, pero también puede ser utilizado como un mecanismo de control político. Es importante que se establezcan claros criterios y procedimientos para evitar abusos y garantizar el respeto a los derechos humanos.