La construcción de una sociedad próspera requiere el equilibrio entre el derecho a manifestarse pacíficamente y el mantenimiento del orden. Sin embargo, la celeridad con la que se abordó la creación de una ley contra los bloqueos en Bolivia comenzó a perder fuerza en la Asamblea Legislativa.

La COB (Central Obrera Boliviana) exige que no haya penalización para los bloqueos, y el vicepresidente Edmand Lara es uno de los líderes más prominentes en este sentido. El presidente Rodrigo Paz, por otro lado, ha pedido a la sociedad civil que se involucre en el proceso legislativo para encontrar una solución pacífica.

La Comisión de Justicia Plural de Diputados, liderada por Manolo Rojas, envió una carta abierta a las organizaciones de la sociedad civil para convocarlas a la construcción y fortalecimiento de la normativa que garantice el derecho a circular y protestar de manera lícita y pacífica. Esta tarea se realizará mediante mesas de diálogo en la Asamblea, donde las organizaciones interesadas podrán participar.

Sin embargo, surgió una observación del diputado Carlos Alarcón (Unidad), quien recordó que la legislación boliviana no contempla la figura sugerida por Rojas. Esto significa que cualquier proyecto de ley debe ser auspiciado por un legislador. Por lo tanto, es necesario determinar qué proyectos de ley se tratarán en el Parlamento para construir una norma que garantice el derecho a la protesta pacífica y a circular libremente.

El presidente Paz habló sobre el tema desde Potosí, donde puso en claro que no es promotor de la ley antibloqueos. Sin embargo, destacó que los bloqueos son un obstáculo para el desarrollo de una región y que su éxito depende de que no se realicen más bloqueos.

La COB rechaza la ley antibloqueos, y su secretario general, Claudio Choque, ha reiterado la postura de la organización en contra de la norma. Si la Asamblea insiste en tratar y aprobar la ley, los cobistas saldrán a protestar, ya que consideran que esa norma es "dictatorial".

Análisis de riesgo:

La falta de claridad sobre qué proyectos de ley se tratarán en el Parlamento puede generar un sentimiento de incertidumbre entre las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. Esto puede llevar a una mayor tensión y conflictos sociales, lo que puede afectar negativamente el desarrollo del país. Es fundamental que los líderes políticos y sociales trabajen juntos para encontrar una solución pacífica y garantizar el derecho a manifestarse de manera lícita y pacífica.