**La protección social en Bolivia: el Bono PEPE, un apoyo económico para poblaciones vulnerables**

En este momento crítico para la economía boliviana, el Gobierno ha decidido implementar un programa de protección social destinado a poblaciones vulnerables afectadas por la crisis económica y climática. El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) es un apoyo económico extraordinario que se entrega a través del sistema financiero nacional, y tiene como objetivo brindar ayuda a aquellos que más lo necesitan.

**El plan de pago: tres meses para Bs 450**

El PEPE contempla tres pagos de Bs 150 cada uno, durante tres meses, lo que significa un total de Bs 450 en favor de familias vulnerables económicamente. El viceministro del Tesoro, Christian Morales, estimó que el beneficio llegará a unos 1,4 millones de beneficiarios. Para identificar a los beneficiarios, se utilizarán bases de datos consolidadas del Estado, lo que evita la doble percepción del bono.

**La red de pagos: bancos, cooperativas y puntos financieros**

El Bono PEPE se cancelará en entidades del sistema financiero habilitadas, principalmente aquellas que ya realizan el pago de la Renta Dignidad. Esto garantiza cobertura en casi todos los municipios del país. Además, el plan prevé ajustes operativos para regiones alejadas o con población dispersa, como horarios extendidos, atención en días de feria y brigadas móviles de pago.

**Seguridad y protección**

Para garantizar la seguridad del proceso, el Gobierno ha instruido a las entidades financieras a aplicar protocolos estrictos durante el pago del bono. Las autoridades recomiendan a la población no compartir datos personales, acudir únicamente a puntos oficiales y desconfiar de llamadas o mensajes que soliciten dinero para “habilitar” el cobro.

**Análisis de riesgo**

El Bono PEPE es un apoyo económico importante para las poblaciones vulnerables bolivianas. Sin embargo, también hay un riesgo de que la información oficial sea manipulada o difundida de manera incorrecta, lo que podría generar confusión y desesperación entre los beneficiarios. Es fundamental que el Gobierno y las entidades financieras trabajen juntos para garantizar la seguridad del proceso y evitar la desinformación.

Análisis de riesgo:

* Riesgo de desinformación: 8/10
* Riesgo de manipulación de información oficial: 7/10
* Riesgo de exclusión de beneficiarios en regiones alejadas o con población dispersa: 5/10