La democracia boliviana se encuentra en un cruce decisivo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha impulsado un acuerdo para garantizar elecciones libres y confiables en el próximo 22 de marzo, cuando más de 343 municipios, nueve gobernaciones y la Autonomía Regional del Chaco renovarán autoridades.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, destaca que la vigilancia de los principios de legalidad y preclusión es fundamental. "No puede hablarse de democracia mientras se toleren campañas basadas en la mentira, el ataque personal o la manipulación", enfatizó.
El acuerdo firmado por las organizaciones políticas establece reglas claras para frenar la guerra sucia, la desinformación y la judicialización del proceso electoral. Las fuerzas políticas se comprometen a evitar noticias falsas, contenidos manipulados y narrativas engañosas, así como cualquier forma de acoso o violencia política.
La campaña debe basarse en el respeto a los resultados, no en la victoria personal. El respeto a la legalidad no es optativo ni negociable", sostuvo Ávila.
Las organizaciones políticas se comprometen a participar en todas las fases del Padrón Electoral Biométrico, considerado base indispensable de la confianza electoral. También se establece la obligación de respetar bienes públicos y privados y de participar en espacios de debate programático organizados por el Órgano Electoral.
El acuerdo destaca el carácter informativo del sistema de transmisión rápida de resultados preliminares, sin sustituir el cómputo oficial. "El respeto a la legalidad es fundamental para garantizar elecciones libres y confiables", enfatizó Ávila.
Las elecciones del 22 de marzo renovarán autoridades en todos los niveles gubernamentales, desde alcaldes hasta gobernadores y asambleístas. La vigilancia de la legalidad y el respeto a los resultados electorales son fundamentales para garantizar una gobernabilidad democrática.
Análisis de riesgo: El acuerdo impulsado por el TSE es un paso importante hacia la consolidación de la democracia boliviana. Sin embargo, hay un riesgo significativo de que las organizaciones políticas no cumplan con los compromisos establecidos y continúen promoviendo campañas negativas y desinformación. Es fundamental que el TSE y otras instituciones garanticen la supervisión efectiva de estos compromisos y sancionen a aquellos que incumplan las reglas.
Foto: El_Deber
