La lucha contra la corrupción y el tráfico de tierras en Santa Cruz, Bolivia, es un tema que ha generado gran debate y preocupación en los últimos años. En este contexto, el Gobierno boliviano, apoyado por otros órganos del Estado, lanzó un plan interinstitucional para ejecutar desalojos, frenar el tráfico de tierras y restablecer la seguridad jurídica en el departamento.

La recuperación de tierras es una prioridad. Según datos de sectores productivos y la Fiscalía, más de 300 predios han sido tomados ilegalmente en Santa Cruz, lo que afecta no solo a los propietarios sino también a las comunidades indígenas y áreas protegidas. La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, comprometió la coordinación directa con el Ministerio Público y la Policía para ejecutar sin dilaciones las órdenes judiciales de desalojo.

El presidente Rodrigo Paz lanzó una advertencia directa a las mafias que trafican tierras y operan al amparo de la corrupción. "Este es un año de ordenar la casa. Y esa casa, la patria, no puede seguir siendo de la corrupción ni de los maleantes que han causado tanto daño a la familia boliviana", afirmó.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que ya se cuenta con un plan estratégico de desalojo que será ejecutado en las próximas horas con apoyo del Gobierno, la Policía, el Ministerio Público y la justicia. "Se acabó el ciclo de los avasallamientos. Se acabó el tiempo de la impunidad", afirmó Camacho.

La lucha contra la corrupción es un reto. Según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), 331 predios fueron avasallados en el país, muchos de ellos en Santa Cruz, afectando la producción agropecuaria que genera más de 1,6 millones de empleos y abastece de alimentos a gran parte del país.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, anunció el cambio de autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz y una auditoría a los títulos entregados, tras detectar irregularidades como duplicación de títulos y tráfico de tierras.

El Estado está presente. El mandatario sostuvo que el Estado está presente en Santa Cruz con la institucionalidad del Ejecutivo, desde la Policía hasta la Fiscalía, para acompañar los operativos y garantizar que la ley se cumpla.

Análisis de riesgo: La lucha contra la corrupción y el tráfico de tierras en Santa Cruz es un tema complejo y delicado. Aunque el plan interinstitucional lanzado por el Gobierno puede ser un paso adelante, también hay riesgos de violencia y resistencia por parte de los grupos involucrados en el tráfico ilegal de tierras. Además, la falta de recursos para avanzar en las pesquisas puede ser un obstáculo para investigar y sancionar a los responsables. En este sentido, es fundamental que se garantice la coordinación entre las instituciones involucradas y se tome medidas efectivas para proteger a los ciudadanos y las comunidades indígenas afectadas.