**La Batalla por la Integridad Judicial**

En un esfuerzo por depurar el sistema judicial boliviano, el Consejo de la Magistratura denunció que salas constitucionales están frenando las sanciones de destitución de jueces sancionados en la vía disciplinaria. Desde el año pasado y hasta la fecha, esta institución del Órgano Judicial cesó a ocho jueces por faltas gravísimas, pero estos recurrieron a acciones de amparo y salas constitucionales dejaron en suspenso esa sanción a la espera de fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional.

La situación se convirtió en un obstáculo institucional, según el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer. “Hay ocho procesos con destitución y las salas constitucionales no nos permiten cumplir con esos objetivos de cesar a esa autoridad que no cumplió con la Constitución ni la Ley 025”, precisó. En lugar de eso, el Consejo busca coordinarse con el Tribunal Constitucional Plurinacional para que se pronuncie lo antes posible en estos casos.

La falta de integridad judicial puede tener graves consecuencias no solo para los jueces involucrados, sino también para la justicia en general. “Nosotros somos respetuosos de la norma y vamos a garantizar el debido proceso para esas autoridades jurisdiccionales”, enfatizó Spencer.

La situación se tornó más compleja cuando Spencer confirmó que 35 jueces se encuentran en riesgo de destitución inmediata debido a la gravedad de las irregularidades detectadas en su contra. “Hay un cronograma de intervenciones en los tribunales departamentales de justicia del país y, hasta ahora, se ejecutaron esas acciones en los juzgados del eje central”, informó.

La lucha por la integridad judicial es crucial para mantener el sistema justo y respetuoso con la Constitución. “Nosotros necesitamos la colaboración de la población para que denuncien cuando estemos realizando la intervención en los juzgados de los diferentes departamentos”, pidió Spencer.

Análisis de riesgo: La falta de integridad judicial puede llevar a una pérdida de confianza en el sistema y a una desestabilización del orden jurídico. Es fundamental que las instituciones encargadas de depurar el sistema judicial trabajen juntas para garantizar un debido proceso y mantener la confianza en la justicia.