La institucionalidad electoral en Bolivia enfrenta un momento crítico antes de las elecciones subnacionales del 22 de marzo. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, ha advertido que la decisión tomada por el juez de Cuatro Cañadas, Michael Quiroga, pone en peligro la normalidad electoral.

La controversia comenzó cuando Quiroga admitió una acción de amparo constitucional que busca anular la inhabilitación de candidatos que forman parte de la alianza SAO-ADN. Esta decisión, según Ávila, viola el principio de preclusión y legalidad, ya que los demandantes son residentes de Santa Cruz de la Sierra y los demandados de La Paz. El titular del TSE sostiene que el juez no tiene competencia sobre el caso, lo que puede generar confusiones y afectar el resultado electoral.

Ávila también remarcó que en Bolivia existen más de 500 formatos de organización política, lo que hace complejo el proceso de ubicación de los partidos en las papeletas. "Supongamos que un juez ordene que una organización participe. ¿Dónde lo coloco? ¿Cómo repito ese acto? ¿Se tendría que modificar todo el calendario?", cuestionó.

La inhabilitación de candidatos es un tema crítico en este proceso electoral, ya que según Ávila, más de 26 mil personas han sido inhabilitadas. Si se permite que estos ciudadanos vuelvan a inscribirse, se estaría hablando de la participación de 26 mil votantes.

La situación se agravó cuando el juez Quiroga fue arrestado por la Fiscalía por incumplir con sus deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que el juez había sido liberado después de ser investigado.

La denuncia del TSE indica que la acción de amparo constitucional pone en riesgo las elecciones subnacionales y el Consejo de la Magistratura verificó la existencia de una acción de amparo que aún no fue resuelta. En este contexto, es fundamental que los actores políticos y electorales trabajen juntos para garantizar la normalidad electoral y el respeto a las instituciones.

Análisis de riesgo:

La situación actual en Bolivia puede generar un conflicto entre la justicia y la institucionalidad electoral. La controversia generada por la decisión del juez Quiroga pone en peligro la normalidad electoral y puede afectar el resultado de las elecciones subnacionales. Es fundamental que los actores políticos y electorales trabajen juntos para garantizar la confianza en el proceso electoral y el respeto a las instituciones.

Riesgo: 7/10 (La controversia generada por la decisión del juez Quiroga puede generar un conflicto entre la justicia y la institucionalidad electoral, lo que puede afectar la normalidad electoral y el resultado de las elecciones subnacionales.)