El mundo político boliviano se vio sacudido esta semana cuando la Fiscalía de Santa Cruz desmintió rotundamente las acusaciones de tráfico de sustancias controladas contra la exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas. El fiscal en jefe del Ministerio Público especializado en Sustancias Controladas, Julio César Porras, hizo público un comunicado donde descartó cualquier implicación de la candidata en el caso.

Porras explicó que existen dos investigaciones abiertas y que la que involucra a Rojas es solo una parte de ellas. La investigación principal se centró en el tráfico de armas y fue llevada a cabo por la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen). Sin embargo, durante el allanamiento, se encontraron sustancias controladas, lo que activó la intervención del Ministerio Público especializado en narcotráfico.

El fiscal enfatizó que ni él ni cualquier otro funcionario del Ministerio Público participaron en los allanamientos a domicilios particulares, incluyendo el de Rojas. También descartó cualquier vinculación entre la candidata y el delito que investiga.

En paralelo, la propia Laura Rojas denunció que es víctima de acoso político después de que efectivos policiales y fiscales allanaran su residencia con su familia. La candidata negó cualquier responsabilidad en los delitos y sostuvo que se trata de un abuso que busca dañar su imagen durante la campaña electoral.

La situación ha generado una gran controversia política y judicial en Santa Cruz, lo que ha llevado a las autoridades a anunciar un informe oficial sobre los operativos vinculados al tráfico de armas y al hallazgo de sustancias controladas. Mientras tanto, la candidata Rojas ha anunciado que iniciará acciones legales por difamación y acoso político.

Análisis de riesgo:

El caso de Laura Rojas ha generado una gran controversia en Santa Cruz y puede tener implicaciones graves para su campaña electoral. Si no se resuelve adecuadamente, el asunto podría dañar la imagen de la candidata y afectar negativamente su capacidad para ganar las elecciones.

Además, el caso también puede generar un impacto en la institucionalidad boliviana, ya que involucra a funcionarios del Ministerio Público y jueces. Si se descubre que hay irregularidades o abuso de autoridad, podría afectar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

En general, el caso de Laura Rojas es un ejemplo de cómo la política y la justicia pueden volverse complicadas cuando están involucradas las figuras políticas. Es importante que se resuelva de manera transparente y imparcial para evitar dañar la imagen de las partes involucradas y afectar negativamente el sistema político boliviano.