La crisis institucional en Bolivia: ¿Cuál es el precio de la justicia?

La aprehensión del juez Michael Jhoan Quiroga Llanos, quien intentó frenar la cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN), se convirtió en un punto de inflexión en la escalada institucional que había comenzado semanas atrás. El caso es parte de una lucha por el poder y la justicia, donde los actores involucrados han llevado a cabo una serie de maniobras para influir en el proceso electoral.

La historia comienza con un acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las máximas instancias del Órgano Judicial, que pretendía blindar el proceso electoral. Sin embargo, esto no impidió que se presentara una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura, lo que derivó en una intervención policial y fiscal.

El juez Quiroga había admitido un recurso constitucional para frenar la cancelación de la personería de ADN, pese a no contar con competencia territorial ni electoral. Esta decisión generó una serie de consecuencias, incluyendo la aprehensión del juez y su traslado a la capital cruceña.

La denuncia fue presentada por el presidente del TSE, Gustavo Ávila, quien advirtió que el juez había admitido el recurso pese a la declinatoria de competencia previa emitida por el Órgano Electoral. Esta acción generó una crisis institucional, ya que se cuestionaba la capacidad del juez para conocer el caso.

El Ministerio Público también tomó conocimiento del posible hecho con relevancia penal y comenzó a verificar los actuados secuestrados por la Policía. El fiscal Alfredo Melgar explicó que la autoridad judicial no tiene razón legal para admitir el recurso en su jurisdicción.

La crisis institucional también se extendió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que denunció una serie de irregularidades en el proceso electoral. El TCP advirtió que la admisión del amparo puso en riesgo el principio de preclusión y el normal desarrollo de las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026.

En este contexto, es importante analizar la crisis institucional que se ha generado en Bolivia. La lucha por el poder y la justicia puede llevar a consecuencias negativas para la sociedad y el estado.

Análisis y soluciones:

La crisis institucional generada en Bolivia es un reflejo de la debilidad del sistema judicial y electoral. El hecho de que un juez admita un recurso constitucional pese a no contar con competencia territorial ni electoral es un indicio de la falta de capacidad institucional para gestionar el proceso electoral.

Para resolver esta crisis, es necesario fortalecer el sistema judicial y electoral. Esto puede lograrse mediante la creación de mecanismos de control y vigilancia que garantice la transparencia y la imparcialidad del proceso electoral.

Además, es importante reforzar la educación ciudadana sobre el proceso electoral y la importancia de respetar las reglas y los plazos establecidos. Esto puede lograrse mediante campañas de sensibilización y concienciamiento que involucren a los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación.

En conclusión, la crisis institucional generada en Bolivia es un reflejo de la debilidad del sistema judicial y electoral. Fortalecer este sistema y reforzar la educación ciudadana son algunas de las soluciones que pueden ayudar a resolver esta crisis y garantizar el normal desarrollo de las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026.