**La lucha por la justicia en la Gobernación de Santa Cruz**

En un contexto donde la justicia y el cumplimiento de las leyes son fundamentales, la Gobernación de Santa Cruz se encuentra involucrada en una situación compleja que tiene como centro a funcionarios con inamovilidad por discapacidad. El secretario de Gestión Institucional, José Luis Gómez, aseguró que no hay despidos a personas con inamovilidad, sino que se está aplicando la Ley 380, que suprime cargos e ítems dentro de la institución departamental.

La aplicación de esta ley ha generado especulaciones y quejas en redes sociales, lo que ha llevado a una situación donde la Gobernación debe clarificar su posición. Según Gómez, la Ley 380 fue firmada por el entonces gobernador Mario Aguilera en agosto de 2022, y su aplicación supone la supresión de algunos cargos ocupados por personas con inamovilidad. La ley establece que no se puede hacer "gestión pública si no se tienen garantizados los recursos", lo que plantea una pregunta fundamental: ¿Cuál es el impacto en las personas afectadas?

A pesar de la aplicación de esta ley, Gómez aseguró que no hay despidos a personas con inamovilidad por discapacidad. Sin embargo, sí existen 17 personas a las que se les ha suprimido ítems con sus respectivas notificaciones. La Gobernación está cumpliendo la ley, y no está haciendo nada malo, aseguró Gómez. No obstante, esto plantea una pregunta más importante: ¿Cuál es el costo humano detrás de esta aplicación de la ley?

En este sentido, es relevante mencionar que el gobernador Luis Fernando Camacho pidió a Asesoría General y a la Secretaría de Justicia que evalúen si corresponde tomar acciones administrativas contra las autoridades que firmaron esta ley. Se está buscando una solución para evitar perjudicar a las personas afectadas, indicó Gómez.

Análisis:

La situación en la Gobernación de Santa Cruz refleja la complejidad de los sistemas políticos y administrativos. La aplicación de la Ley 380, aunque sea legalmente correcta, puede tener un impacto significativo en las personas afectadas. Es importante que se busque una solución que evite perjudicar a las personas con inamovilidad por discapacidad. Además, es crucial que se evalúen las implicaciones de esta ley y se tomen medidas para evitar situaciones similares en el futuro.

Conclusión:

La aplicación de la Ley 380 en la Gobernación de Santa Cruz plantea un desafío importante para garantizar la justicia y proteger los derechos de las personas con inamovilidad por discapacidad. Es necesario buscar una solución que evite perjudicar a estas personas y que considere sus derechos y necesidades. Además, es fundamental evaluar las implicaciones de esta ley y tomar medidas para evitar situaciones similares en el futuro.