Empresarios constructoros exigen reforma estatal para evitar cierres de empresas y pérdida de empleos en obras públicas.
El sector de la construcción boliviana enfrenta uno de los momentos más críticos desde hace años. La brecha entre los costos reales del mercado y las condiciones contractuales impuestas por el Estado está llevando a decenas de empresas constructoras al borde del colapso, lo que tiene un impacto directo en el empleo y la inversión.
El desajuste entre precios unitarios y costos reales
Según Alberto Gutiérrez, director de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), los precios unitarios vigentes en los contratos públicos ya no reflejan la realidad del mercado. El ejemplo más claro es el cemento, un insumo clave en casi todas las obras. Mientras que en los contratos sigue figurando a 50 bolivianos la bolsa, hoy en día no se encuentra por menos de 80 o 90. Esa diferencia alguien la está absorbiendo, y son las empresas.
El problema se agrava con el retraso en los pagos
La falta de liquidez obliga a las empresas a financiar la obra con recursos propios, comprometiendo su estabilidad financiera. La SIB propone que, una vez aprobada la planilla por fiscales y supervisores, el pago no demore más de diez días, para garantizar flujo de caja y continuidad en la ejecución.
La presión aumenta cuando se aplican sanciones
El incumplimiento de plazos deriva en la ejecución de boletas de garantía, respaldadas muchas veces con el patrimonio personal de los empresarios. "Se están quedando sin su herramienta de trabajo, sin su casa, sin su maquinaria", alertó.
**Análisis y conclusiones**
La construcción es un sector estratégico para la economía nacional boliviana. Sin embargo, las condiciones contractuales impuestas por el Estado y la falta de liquidez están llevando a empresas constructoras al borde del colapso. La reglamentación del Decreto Supremo 5503 es una oportunidad para que el Estado elimine distorsiones y evite más cierres de empresas y pérdida de empleos.
Para superar este desafío, es fundamental que el Estado ajuste los precios unitarios a la realidad del mercado y garantice el pago oportuno de las planillas. Además, es necesario reforzar la supervisión y control en el sector para evitar la especulación y la falta de controles efectivos.
La construcción no solo es un rubro económico, sino también social. La paralización de obras y el colapso de empresas constructoras tiene un impacto directo en el empleo y la inversión. Es hora de que el Estado actúe con prontitud para evitar este desastre y garantizar el crecimiento sostenible de la economía boliviana.