La tragedia en la fábrica de explosivos de Cochabamba: un caso de omisiones y consecuencias La muerte de Abraham L.P.R. fue el resultado directo de la detonación en la fábrica de explosivos Fanexa, ubicada en el municipio de Santiváñez. El 4 de enero, la explosión dejó a dos personas afectadas: una víctima mortal y otra con heridas leves.

La Fiscalía departamental, liderada por Osvaldo Tejerina, decidió abrir una investigación de oficio para determinar las causas del fallecimiento de Abraham L.P.R. La pesquisa se centró en el delito de homicidio culposo contra el autor o autores no identificados. La Fiscal asignada al caso, Beatriz Saavedra, ordenó la autopsia del cadáver, que reveló las quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 90% del cuerpo como causa principal de la muerte.

Mientras tanto, la persona herida fue dada de alta debido a que sus lesiones no requerían un tratamiento médico especial. La explosión se produjo la mañana del domingo, según Hilarión Flores, secretario general del sindicato de Fanexa. Según su versión, una charola cayó al suelo en un área de secado de pólvora, lo que habría desencadenado un fuego que terminó en la explosión.

Flores no tuvo reparos en criticar a la empresa por no notificar las autoridades sobre el incidente. La compensación económica ofrecida no es suficiente, sostuvo, para hacer justicia con la pérdida de una vida humana.

Análisis y conclusiones:

La tragedia en la fábrica de explosivos de Cochabamba no solo dejó un saldo humano, sino que también puso en evidencia las omisiones y negligencias de la empresa Fanexa. La falta de notificación a las autoridades sobre el incidente es un ejemplo claro de cómo la empresa priorizó su interés económico sobre la vida y la seguridad de sus trabajadores.

La investigación en curso debe centrarse no solo en determinar las causas del fallecimiento, sino también en evaluar la responsabilidad de la empresa en este caso. Es hora de que se tomen medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores en la industria de explosivos y que se establezcan protocolos claros para manejar situaciones críticas.

La sociedad debe exigir transparencia y responsabilidad a las empresas que operan en áreas peligrosas. La pérdida de una vida humana es un precio demasiado alto para pagar la falta de transparencia y responsabilidad.