**El desafío de la Constitución**

En el corazón del Estado Plurinacional boliviano, un conflicto institucional está en pleno desarrollo. El vicepresidente Edmundo Lara ha anunciado que presentará un proyecto de ley para frenar el Decreto Supremo 5503, considerado inconstitucional por muchos sectores. Esta acción ha sido calificada como "sabotaje" por el diputado Ricardo Rada, miembro del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Lara sostiene que la subvención en algún momento tenía que cortarse, pero critica la forma en que se hizo y argumenta que varios artículos del decreto son contrarios a la Constitución Política del Estado. El vicepresidente pide a la bancada de APB-Súmate, Alianza Libre y Alianza Popular, así como a los pueblos indígenas y a los miembros de Nuevas Ideas con Libertad que responda a su pueblo y defienda la Constitución.

Por otro lado, el diputado Rada asegura que los diputados oficialistas comprenden que el país no tiene otra salida que las medidas que asumió el presidente Rodrigo Paz y que es necesario respaldarlo para brindar estabilidad. Sin embargo, Lara argumenta que la propuesta es inviable porque el vicepresidente ha intentado hacer leyes en varias ocasiones y todas las votaciones a las que ha ido han perdido.

En este contexto, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz ha admitido una Acción Popular contra dos decretos supremos emitidos por el presidente Rodrigo Paz Pereira, incluyendo el D.S. 5503. Grupos sociales han mantenido bloqueadas varias rutas y han organizado manifestaciones en las calles para exigir la abrogación del decreto.

**Análisis**

El conflicto institucional que vive Bolivia es un reflejo de la tensión entre la Constitución y el ejercicio del poder. El vicepresidente Edmundo Lara ha decidido presentar un proyecto de ley para frenar el Decreto Supremo 5503, considerado inconstitucional por muchos sectores. Esta acción puede ser vista como un intento de frenar la tendencia autoritaria que se está desarrollando en el país.

Sin embargo, también es importante destacar que la tensión entre la Constitución y el ejercicio del poder es un tema complejo que requiere un análisis más profundo. Es necesario considerar las razones detrás de la emisión de los decretos supremos y evaluar las implicaciones políticas y sociales que tiene para el país.

En este sentido, la Sala Constitucional Primera del TDJ ha admitido una Acción Popular contra dos decretos supremos emitidos por el presidente Rodrigo Paz Pereira, lo que puede ser visto como un intento de frenar la tendencia autoritaria. Es importante que los actores políticos y sociales trabajen juntos para encontrar soluciones que garanticen la Constitución y el Estado de Derecho.

**Conclusión**

En conclusión, el conflicto institucional que vive Bolivia es un reflejo de la tensión entre la Constitución y el ejercicio del poder. Es importante que los actores políticos y sociales trabajen juntos para encontrar soluciones que garanticen la Constitución y el Estado de Derecho. La presentación de un proyecto de ley por parte del vicepresidente Edmundo Lara puede ser vista como un intento de frenar la tendencia autoritaria, pero es necesario evaluar las implicaciones políticas y sociales que tiene para el país.