El legado de la deuda flotante: un desafío para la estabilidad fiscal en Bolivia
La administración de Rodrigo Paz Pereira heredó una gran cantidad de obligaciones pendientes del gobierno anterior, lo que reduce significativamente el margen fiscal y la capacidad de acción del nuevo Gobierno. Según los datos oficiales, la deuda flotante alcanzaba los Bs 6.646 millones al cierre de noviembre de 2025.
La deuda flotante condiciona de manera decisiva el arranque de una gestión gubernamental. Gobernar con obligaciones acumuladas de administraciones anteriores implica un espacio fiscal mucho más reducido y una menor "cintura financiera". Esto limita la capacidad del nuevo Gobierno para diseñar y ejecutar políticas propias, lo que a su vez retrasa cualquier intento de reactivación económica basada en gasto productivo.
La práctica de emitir deuda flotante es un patrón de gasto que superó sistemáticamente la capacidad real de pago del Estado. Se trata de una forma de financiamiento encubierto, trasladando la presión fiscal al siguiente gobierno. Esto distorsiona la sostenibilidad fiscal y retrasa el crecimiento económico.
Las entidades descentralizadas concentran un gran porcentaje de la deuda flotante, lo que revela problemas estructurales de gestión y planificación financiera. La desconexión entre la ejecución presupuestaria y el flujo real de recursos es otro indicador clave del problema.
El sector público también está afectado, con empresas como Servicios Aéreos Bolivianos (Esabol) que han convertido una gran parte de su presupuesto en deuda flotante. Esto implica subsidios implícitos y una transferencia constante de recursos desde el nivel central para sostener entidades que no son financieramente autosostenibles.
En conclusión, la deuda flotante es un desafío serio para la estabilidad fiscal en Bolivia. Es fundamental que el nuevo Gobierno adopte medidas efectivas para corregir de manera estructural el modelo de gasto y gestión pública, reducir la deuda flotante y fortalecer la sostenibilidad fiscal. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar un patrón de gasto insostenible que afecta negativamente a la economía y al pueblo boliviano.
Análisis:
La deuda flotante es un problema estructural en Bolivia que requiere una respuesta estructural. El nuevo Gobierno debe priorizar la reducción de la deuda flotante y fortalecer la sostenibilidad fiscal. Esto puede lograrse a través de medidas como la implementación de políticas fiscales más prudentes, el aumento de la eficiencia en la gestión pública y la reducción del gasto corriente.
Además, es fundamental que se fortalezca la supervisión y control sobre las entidades descentralizadas y empresas públicas para evitar la emisión inorgánica y el endeudamiento interno. Se necesita una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública para garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva y eficiente.
En última instancia, la reducción de la deuda flotante es un paso crucial hacia la estabilidad fiscal y el crecimiento económico sostenible. Es fundamental que el nuevo Gobierno tome medidas efectivas para abordar este desafío y garantizar un futuro más próspero para el pueblo boliviano.
Foto: El_Deber
