**El Grito del Estado**
La mañana del martes, el sistema de justicia boliviano despertó con un caso que promete sacudir la sociedad: la aprehensión del exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. La decisión del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, fue clara: se procederá con arreglo a la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, respetando la independencia del Ministerio Público.
**La Busca por la Verdad**
Mariaca aseguró que su equipo está trabajando bajo la luz del día para analizar los antecedentes del caso y reunir indicios que puedan respaldar o refutar la imputación contra Del Castillo. El fiscal asignado al caso, Luis Alba, tendrá el poder de resolver la situación jurídica del exministro en un plazo de 24 horas.
**La Investigación**
Al analizar los hechos, se descubre que Del Castillo se negó a permitir una revisión de sus pertenencias y equipajes cuando se dirigía a viajar a Chile. La Policía Boliviana respondió abriendo una investigación y aprehendiendo al exministro, quien ahora está bajo custodia en la FELCC de Santa Cruz.
**La Justicia**
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que se están verificando las cámaras de seguridad del aeropuerto para recopilar pruebas que respalden o refuten la imputación contra Del Castillo. El objetivo es determinar si existen elementos para sustentar una imputación o no.
**Análisis y Conclusión**
La aprehensión de Del Castillo plantea una serie de preguntas sobre la transparencia y el proceso judicial en Bolivia. ¿Cómo se desarrollará este caso? ¿Qué evidencia se encontrará para respaldar o refutar la imputación contra el exministro? La respuesta a estas preguntas dependerá de la eficacia del Ministerio Público en su investigación y del fiscal asignado al caso.
En conclusión, la aprehensión de Del Castillo es un claro ejemplo de cómo la justicia puede aplicar la ley con imparcialidad y transparencia. Sin embargo, también plantea la pregunta sobre el papel que juega la independencia del Ministerio Público en el proceso judicial boliviano.
Foto: El_Deber
