La tensión política aumenta en Bolivia tras declaraciones infundadas de Lara Montaño y requerimientos de retractación pública.
La Cámara de Diputados expresó su "profunda preocupación" por lo que calificó como una escalada de discursos "sesgados, peyorativos y discriminatorios" emitidos por Lara en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El pronunciamiento advierte que dichas declaraciones reproducen estereotipos violentos, racistas y machistas, vulnerando derechos humanos y configurando una forma de violencia y acoso político.
La Directiva camaral recordó que la Constitución Política del Estado consagra la presunción de inocencia (artículo 116) y demandó al vicepresidente que presente disculpas públicas por las acusaciones lanzadas contra los diputados. Además, exhortó a Lara a abstenerse de utilizar redes sociales para promover denuncias sin respaldo y pidió a las autoridades del Órgano Judicial monitorear y hacer cumplir la normativa frente a denuncias infundadas difundidas en plataformas digitales.
La diputada Lissa Amanda Claros Lora rechazó de manera categórica las declaraciones del vicepresidente, quien acusó al Parlamento de presuntas negociaciones irregulares. Claros desafió públicamente a Lara a presentar nombres, montos y pruebas de los supuestos sobornos y advirtió que, de no existir una disculpa pública, iniciará acciones legales por difamación, calumnia e injurias para defender la integridad de su labor legislativa.
El conflicto se profundizó tras una transmisión en TikTok en la que Lara arremetió contra su propia bancada electa del Partido Demócrata Cristiano, asegurando que lo "dejaron solo" durante la campaña y no salieron en su defensa, declaraciones que también fueron cuestionadas por legisladores de distintas fuerzas políticas.
Análisis: La crisis política en Bolivia tiene un carácter polarizado y se caracteriza por el uso abusivo de redes sociales para difundir acusaciones infundadas y descalificaciones personales. Es fundamental que las autoridades políticas y judiciales hagan cumplir la normativa y sancionen a aquellos que promueven la violencia política y discriminatoria. Sin embargo, es igualmente importante que los ciudadanos rechacen cualquier denuncia que no cuente con respaldo probatorio y demanden transparencia y responsabilidad de las autoridades.