Luis Arce Catacora encara cinco meses de prisión preventiva por corrupción y riesgo de obstaculización de la investigación.
La decisión se fundamenta en la capacidad del exmandatario para influir sobre exfuncionarios, testigos y coimputados, muchos de los cuales dependían jerárquicamente de él o integraban directorios bajo su gestión. Además, el Ministerio Público identificó decenas de personas que aún deben prestar declaración como testigos o sindicados, y sobre quienes Arce podría ejercer presión directa o indirecta.
Laura también rechazó los argumentos de la defensa sobre la improcedencia de la detención preventiva por edad y el estado de salud. En cuanto al riesgo de fuga, el juez consideró que Arce tiene facilidad para abandonar el país, pero aclaró que la negativa del imputado a firmar el acta de aprehensión no constituye un riesgo procesal.
La detención preventiva se justifica por la gravedad del daño económico causado y el principio de proporcionalidad. "Se trata de delitos que afectan directamente al patrimonio del Estado y a recursos destinados a sectores vulnerables", sostuvo el juez.
Análisis: La decisión del juez Laura puede ser vista como un golpe duro para el exmandatario, que ahora deberá enfrentar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la orden de detención preventiva también puede ser vista como una medida necesaria para proteger la investigación y garantizar la búsqueda de la verdad histórica de los hechos.
La pregunta es: ¿Cuál será el impacto político de esta decisión en el país? ¿Cómo se verá afectado el proceso electoral en Bolivia si el expresidente permanece detenido durante varios meses? La situación política está tensa, y la respuesta a estas preguntas puede ser clave para entender el futuro inmediato del país.