**Tras la aprehensión del expresidente Luis Arce, la exministra de la Presidencia María Nela Prada denunció públicamente que el hecho fue “un secuestro”**. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostiene que lo ocurrido con Arce fue una intervención legal, muy distinta a lo que sucedió en el gobierno anterior con Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez.

“Lo que hubo de secuestro fue del gobernador de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho. Lo mismo sucedió con la expresidenta Áñez”, declaró Oviedo a EL DEBER, marcando el eje de su defensa institucional. La denuncia de Prada fue publicada mediante un video en redes sociales, en el que afirmó: “Acaban de secuestrar al expresidente por Sopocachi”. Pero Oviedo aseguró que en el caso de Arce no existió violencia ni irregularidad.

“Le indicaron al señor Arce Catacora que tenía un nombramiento de la Fiscalía y, con toda tranquilidad, lo condujeron”, sostuvo el ministro. Oviedo insistió en diferenciar lo ocurrido con Arce de los operativos realizados durante el gobierno anterior.

“A él (Camacho) sí que lo secuestraron. Todos los bolivianos hemos visto cómo lo sacan, lo maltratan, lo golpean y se lo llevan”, dijo Oviedo aludiendo a la aprehensión de Camacho en 2022. Su mención a Áñez remite a su aprehensión en marzo de 2021.

**Análisis**

La disputa entre la exministra María Nela Prada y el ministro Marco Antonio Oviedo sobre si la aprehensión del expresidente Luis Arce fue un secuestro o no revela las divisiones políticas que persisten en Bolivia. La cuestión es si la respuesta institucional al conflicto político puede ser justificada como una intervención legal y respetuosa con los derechos humanos, o si se trata de un caso de vulneración de la separación de poderes y de los derechos fundamentales. Mientras tanto, la sociedad boliviana sigue sin entender por qué las instituciones siguen siendo cuestionadas sobre su capacidad para garantizar el estado de derecho y la justicia en el país.