Elecciones subnacionales: Tribunal Supremo Electoral inhabilita a 685.684 ciudadanos con motivos variados y Santa Cruz lidera la lista de ausencias.
En Bolivia, una parte significativa de la población ha sido inhabilitada para participar en los comicios electorales. Según las estadísticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), más de 685 mil personas no figuran en el Padrón Electoral, lo que les impide ejercer su derecho al voto.
Un tercio de estos ciudadanos inhabilitados se encuentra en el departamento de Santa Cruz, seguido por Cochabamba y La Paz. En estos departamentos, la inhabilitación es más común, especialmente entre aquellos que no han votado o tienen documentos inválidos.
El TSE ha publicado las listas de ciudadanos inhabilitados para que la población pueda verificar su situación y presentar sus descargos en caso de considerarse injustamente depurados. Las autoridades electorales han identificado cuatro razones principales por las que se inhabilitan a los ciudadanos: no ser votante, tener un documento inválido, no asistir como jurado y la sospecha de doble identidad.
Para aquellos que creen haber sido injustamente depurados, el plazo para presentar sus descargos es hasta el 8 de febrero. Si se logra rectificar su situación, podrían ser incluidos nuevamente en el Padrón Electoral y ejercer su derecho al voto en las elecciones de marzo.
La plataforma del ‘Yo Participo’ también está disponible para que los ciudadanos puedan verificar su situación y obtener información sobre el recinto de votación asignado y la mesa donde emitirán su voto. El Padrón final se publicará el 14 de febrero y será la lista definitiva para las elecciones.
Análisis de riesgo:
La inhabilitación ciudadana puede generar una serie de problemas en la campaña electoral, incluyendo la reducción del número de votantes participando en los comicios. Esto puede afectar la legitimidad de los resultados electorales y crear inestabilidad política en el país.
Además, la inhabilitación puede ser un tema polémico que divide a la sociedad boliviana. Algunos pueden ver como una medida necesaria para garantizar la integridad del proceso electoral, mientras que otros podrían considerarla como un obstáculo injusto para ejercer el derecho al voto.
Es importante que las autoridades electorales y los ciudadanos trabajen juntos para solucionar este problema y garantizar que todos aquellos que desean participar en la campaña electoral puedan hacerlo.