La transparencia es fundamental en cualquier sociedad democrática. En Bolivia, el Viceministerio de Transparencia ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre un caso de corrupción que involucra a altos funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y empresas privadas.

La denuncia se refiere a la compra de un terreno en Tarija, donde se construyó un edificio para la ANB, con un sobreprecio estimado en Bs 10 millones. Según Yamil García, viceministro de Transparencia, la investigación revela una red de corrupción familiar entre funcionarios y empresarios constructores.

La trama se remonta a febrero de 2017, cuando se licitó el terreno para construir un recinto para Aduana Interior en Tarija. Se lanzaron tres licitaciones, pero la segunda quedó anulada y la tercera se adjudicó al mejor postor, que ofertaba un terreno a Bs 2.760.000.

Sin embargo, otro proponente había ofrecido un terreno a un precio mucho menor, Bs 1.800.000. Esta irregularidad fue seguida por otra, relacionada con el costo de la construcción. Según García, se estableció que el metro cuadrado de construcción en esa zona costaba $us 300, pero la empresa cobró $us 1.000.

La investigación también ha revelado que el terreno comprado con sobreprecio no tenía los documentos saneados. El contrato establecía que el vendedor debía entregar los documentos en 25 días, pero en este caso, los documentos de propiedad demoraron dos años en ser saneados.

El viceministro García aseguró que la investigación se ampliará a quienes fueron parte de la Unidad Solicitante, la Comisión de Calificación y los funcionarios del área legal y de supervisión, que estaban a cargo de transparentar este proceso de licitación y construcción.

La denuncia también menciona la participación de Karina Serrudo, ex-presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, quien fue denunciada por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. También fueron denunciadas otras dos personas, representantes de la Sociedad Accidental Guadalquivir y de la empresa que vendió un terreno en Tarija.

En este sentido, es importante recordar que el proceso cuestionado inició en la gestión del gerente regional de la Aduana Tarija, Roberto Castellanos Zenteno, de la gestión del Gobierno de Evo Morales. Karina Liliana Serrudo Miranda fue posesionada en noviembre de 2020, por el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Análisis de Riesgo:

La corrupción es un riesgo permanente para cualquier sociedad democrática. En este caso, la denuncia contra Karina Serrudo y otras dos personas refleja una grave falta de transparencia y honestidad en el ejercicio del poder. La investigación está revelando una red de corrupción familiar que involucra a altos funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia y empresas privadas.

Sin embargo, es importante destacar que la denuncia también ha generado un riesgo para los involucrados, ya que pueden enfrentar sanciones penales o administrativas. Por otro lado, la investigación puede ser beneficiosa para la sociedad boliviana, ya que puede llevar a una mayor transparencia y honestidad en el ejercicio del poder.

En resumen, la denuncia contra Karina Serrudo y otras dos personas refleja un grave riesgo de corrupción en Bolivia. La investigación está revelando una red de corrupción familiar que involucra a altos funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia y empresas privadas. Es importante destacar que la denuncia también ha generado un riesgo para los involucrados, ya que pueden enfrentar sanciones penales o administrativas.