**La Larga Sombra de la Corrupción**

En Bolivia, el sistema político ha sido azotado por una crisis de confianza que afecta no solo a los ciudadanos sino también al mismo Estado. La investigación sobre la salida del país de exfuncionarios y exlegisladores es un ejemplo paradigmático de esta crisis. Según un informe oficial, al menos 36 personas que dejaron sus cargos en la anterior gestión salieron del país sin cumplir con las disposiciones legales que los obligaban a permanecer en territorio nacional durante tres meses.

La lista de exfuncionarios y exlegisladores incluye figuras como el exministro Edgar Montaña, el exviceministro Elmer Catarina, el exdirector de Naabol, Elmer Pozo, y la exdirectora del servicio de Despatrías. También se encuentran en ella 18 exdiputados y cinco exsenadores.

La diputada Andrea Ballivián sostiene que la Dirección General de Migración conocía la existencia de la Ley N° 1352, sabía quiénes estaban obligados a cumplirla y contaba con los listados oficiales remitidos por la Contraloría General del Estado. Sin embargo, en lugar de aplicar controles efectivos, Migración se limitó a emitir simples advertencias verbales.

La ley N° 1352 establecía claramente la obligación de permanencia en territorio nacional para aquellos que dejaban sus cargos.

La diputada Ballivián cuestiona la inacción del Estado y sostiene que la prohibición efectiva de salidas del país no se aplicó hasta diciembre de 2025, cuando se emitió la Resolución Camaral de fecha 4 de diciembre de ese año. Esta resolución exigió que la Dirección General de Migración no permitiera la salida de autoridades que hayan cesado en su mandato.

La falta de acción por parte del Estado permitió que la norma fuera ignorada durante dos meses, lo que resulta aún más grave si se considera que la Dirección General de Migración contaba con múltiples respaldos normativos claros para actuar. La inacción prolongada y el incumplimiento de la ley no solo afectan a los exfuncionarios y exlegisladores involucrados, sino también a la credibilidad del sistema político en general.

Análisis de Riesgo:

El escándalo de la salida de exfuncionarios y exlegisladores sin cumplir con las disposiciones legales pone en riesgo la estabilidad política del país. La falta de acción por parte del Estado y la inacción prolongada permiten que la corrupción se instale y se perpetúe, lo que puede generar una crisis de confianza aún más grave entre los ciudadanos. Además, el incumplimiento de la ley puede afectar negativamente la imagen del país en el mundo y generar desconfianza en las instituciones políticas. Es fundamental que el Estado tome medidas efectivas para sancionar a aquellos involucrados y garantizar la transparencia y la integridad en el sistema político.