La batalla judicial que se libra en Santa Cruz de la Sierra ha tomado un giro inesperado. El alcalde Jhonny Fernández, rodeado de controversia, se ve ahora obligado a defender su autoridad municipal y su credibilidad política ante el país. La orden de apremio emitida por la jueza Sonia Judith Rivas, que reclama la devolución de Bs 747.318,80 en concepto de sueldos no pagados, quedó sin efecto tras la reincorporación de 27 funcionarios municipales.

La autoridad calificó la medida como “fuera de lugar” y anunció que hará llegar una nota oficial al Ministerio de Trabajo, considerando que la resolución que ordenó la reincorporación de los funcionarios fue emitida fuera del marco legal y en contra de la Constitución Política del Estado. Fernández sostiene que la Constitución establece como requisito para acceder a un cargo público la presentación de la libreta de servicio militar, condición que no fue cumplida por los demandantes.

El alcalde cuestionó la emisión de una resolución en contra de esta disposición, ordenando la reincorporación de los funcionarios. “Esto es una aberración y merece sanción”, dijo Fernández, quien pide sanciones para todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo que han cometido un delito.

La situación se complica aún más al conocerse que el exministro de Trabajo es objeto de acciones legales por parte del alcalde, quien lo acusa de incurrir en presunto prevaricato. La jueza Sonia Judith Rivas, por su parte, se ve ahora involucrada en la controversia, después de emitir la orden de apremio contra el alcalde Fernández.

Análisis:

La situación que se vive en Santa Cruz de la Sierra es un claro ejemplo del desenfrenado uso del poder judicial para perseguir a políticos y funcionarios públicos. La orden de apremio emitida por la jueza Sonia Judith Rivas contra el alcalde Jhonny Fernández es un caso más de abuso de autoridad, que busca perjudicar su imagen y credibilidad política.

Es importante destacar que la Constitución Política del Estado establece claros requisitos para acceder a un cargo público, y cualquier acción que busque violar estos principios debe ser objeto de sanción. Es por esto que el alcalde Fernández tiene razón en pedir sanciones para todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo que han cometido un delito.

En este sentido, es fundamental que las autoridades judiciales y políticas actúen con transparencia y justicia, sin permitir la intimidación o el abuso de poder. Es hora de que se restablezcan los valores democráticos en Santa Cruz de la Sierra y que se promueva un clima de confianza y respeto hacia las instituciones públicas.

Conclusiones:

La situación en Santa Cruz de la Sierra es un claro ejemplo del desenfrenado uso del poder judicial para perseguir a políticos y funcionarios públicos. Es importante destacar que la Constitución Política del Estado establece claros requisitos para acceder a un cargo público, y cualquier acción que busque violar estos principios debe ser objeto de sanción.

Es fundamental que las autoridades judiciales y políticas actúen con transparencia y justicia, sin permitir la intimidación o el abuso de poder. Es hora de que se restablezcan los valores democráticos en Santa Cruz de la Sierra y que se promueva un clima de confianza y respeto hacia las instituciones públicas.

Soluciones:

* La orden de apremio emitida por la jueza Sonia Judith Rivas contra el alcalde Jhonny Fernández debe ser revocada, ya que viola los principios constitucionales.
* El alcalde Fernández debe seguir adelante con las acciones legales contra el exministro de Trabajo y la jueza que emitió la orden, para proteger su autoridad municipal y su credibilidad política.
* Es necesario restablecer un clima de confianza y respeto hacia las instituciones públicas en Santa Cruz de la Sierra, promoviendo valores democráticos y justicia.