Desempeño de responsabilidades administrativas cuestionadas en el Fondo Indígena durante la gestión de Achacollo.
La Fiscalía sostiene que Achacollo como presidenta del directorio del Fondo Indígena, debería haber verificado que los proyectos cumplieran los requisitos técnicos y legales antes de su aprobación. Sin embargo, según las actas del directorio, la exministra se ausentó de varias reuniones y firmó la aprobación de proyectos con observaciones.
Este nuevo proceso se suma al caso principal del Fondo Indígena, que se originó tras un informe de la Contraloría General del Estado en 2014, que detectó 153 proyectos "fantasma" con un daño económico estimado en $us 171 millones. Por ese caso, Achacollo y otras 13 personas deben enfrentar este año un juicio por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La Fiscalía ha argumentado que la responsabilidad administrativa de Achacollo era verificar que los proyectos cumplieran los requisitos técnicos y legales antes de su aprobación. Sin embargo, según las actas del directorio, la exministra se ausentó de varias reuniones pero firmó la aprobación de proyectos con observaciones.
El abogado Héctor Castellón sostuvo que el caso del Fondo Indígena tiene dos niveles de responsabilidad: el manejo económico de los recursos y la responsabilidad administrativa de las autoridades que debían fiscalizar los proyectos. "En el primer proceso, la responsabilidad administrativa de Achacollo como presidenta del directorio del Fondo Indígena no fue investigada a fondo", señaló.
Análisis jurídico:
El exfiscal Anghelo Saravia sostiene que los nuevos hechos que involucran a Achacollo no fueron investigados en 2016. "El nuevo proceso que se le inició a la señora Nemesia Achacollo y al señor Luis Arce no fue investigado en su momento. Si no hay hechos nuevos en el cuaderno de investigaciones, no puede hablarse de doble juzgamiento, porque estos indicios no formaron parte del primer proceso", afirmó.
Riesgo:
El nuevo proceso penal contra Nemesia Achacollo y otros involucrados en el caso del Fondo Indígena puede generar un riesgo de perpetuación del desfalco y la impunidad. La falta de investigación exhaustiva en 2016 puede haber permitido que los responsables escaparan de las consecuencias. Además, el nuevo proceso puede ser visto como una oportunidad para profundizar en la investigación y castigar a aquellos que incumplieron sus deberes y cometieron actos antieconómicos. Sin embargo, también puede generar un riesgo de doble juzgamiento si no se garantiza la transparencia y objetividad en el proceso penal.